Venezuela, así como otras naciones sometidas a los más brutales embates del socialismo, destaca por un conjunto de problemas que suelen estar asociados a los órdenes político y económico. Sin embargo, es imperativo que se le preste atención y se comience a reflexionar sobre cómo atender las graves fallas de su ordenamiento jurídico.
Por esta razón, es importante destacar más allá de los hechos de fuerza o, incluso, los actos administrativos contrarios a la libertad que el régimen socialista ha ejecutado en contra de la sociedad venezolana, existe —subyacente— un entramado de leyes e instrumentos jurídicos que pueden pesar mucho al momento de reconstruir a Venezuela, si estos no son examinados para su eventual derogación o abrogación.
Como se suele decir en otros casos relacionados a regímenes fascistas o comunistas, la mayoría de las actuaciones del movimiento chavista han ocurrido dentro del marco del Estado, fundamentándose en un ordenamiento jurídico hecho a su medida, el cual tiene a la Constitución como origen. Para Hugo Chávez y sus acólitos originarios, era necesario barnizar de legalidad su agenda, ya que, como hemos visto hasta ahora, esto les permitiría disimular su proceder y tener una excusa ante el escrutinio doméstico e internacional.
Ahora bien, es importante destacar que este proceso no fue sencillo y tampoco fue el resultado de un accionar unilateral. En Venezuela se dieron situaciones que permitieron la captura y degeneración de las instituciones publicas y el Estado de derecho donde, incluso, los funcionarios que precedieron al chavismo tienen una cuota de responsabilidad.
En ese sentido, el proceso constituyente de 1999 fue el primer gran hito donde se hacen evidentes las nefastas intenciones del chavismo. Aunque la propuesta del texto constitucional parecía atender muchas de las demandas sociales en boga para la época, en realidad, sentaba las bases para la exacerbación del estatismo que tanto daño le había hecho a Venezuela. Además, este proceso sirvió para reiniciar la conformación de los órganos del poder público y acabar —de hecho— con el sistema de contrapesos de la república.
Más adelante, Hugo Chávez y Nicolás Maduro contaron con múltiples oportunidades para seguir deformando el ordenamiento jurídico venezolano. Utilizando instrumentos como la delegación legislativa —en la forma de leyes habilitantes— y los poderes especiales obtenidos por declaratorias de estados de excepción, fueron capaces de atacar y pulverizar la propiedad privada, eliminando así a sectores que les eran incomodos, mientras beneficiaban a aquellos que se prestaban para alimentar al sistema.
En síntesis, Venezuela es un caso de estudio ideal para quien esté interesado en conocer cómo desde el poder se puede moldear un ordenamiento jurídico para atentar contra la libertad del individuo. Los hechos narrados arriba, y muchos otros más, son recogidos en el cuarto capítulo del libro Después del socialismo, libertad, el cual es producto del esfuerzo y reflexión de una generación que, a pesar de haberse desarrollado en las fauces de un sistema contrario a la libertad, no piensa sino en recuperar y enaltecer este valor.
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