En el mercado libre los bienes y servicios los compran aquellos que libremente estén dispuestos a obtenerlos al precio de mercado. Y, dado que el impuesto es una contribución compulsiva y no una compra libre, jamás puede suponerse que cada integrante de la sociedad, en un mercado libre, pagaría esa suma igual al gobierno. De hecho, la misma naturaleza compulsiva del impuesto implica que se pagaría mucho menos si se recaudara de un modo voluntario.
Oscar Mario Tomianovic Parada
Estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública, Co-director de Boletín Libertad y Coordinador Local de Estudiantes por la Libertad Bolivia. Co-autor de “La Política en Star Wars y el Rol del Liberalismo”.
Los impuestos son un robo, y se puede demostrar de la siguiente forma: Primero, el principio fiscal se basa en la imposición; a nadie se le pregunta si quiere pagar un impuesto. En caso de que, por gracia de los gobernantes, se nos hiciese dicha pregunta, sería en vano porque tampoco decidimos cuánto pagar. ¿Se imagina el lector una situación semejante cuando asiste al mercado? Pero eso no es todo. Supongamos que alguien nos increpa y dice que él está dispuesto a pagar impuestos y, además, a hacerlo en la proporción que el gobierno estime conveniente. En este caso convendría preguntarle: Perfecto, pero, ¿qué sucede si cambia de opinión? ¿Qué sucede con mí persona que no quiere pagar impuestos? ¿Por ello puedo dejar de hacerlo? La respuesta, dada a regaña dientes, tendrá que ser necesariamente no. Uno no decide si pagar impuestos o no; uno no decide, tampoco, cuántos impuestos habrá de pagar; por último, uno no puede decidir dejar de pagar impuestos si inicialmente estaba de acuerdo con ello. En efecto, partiendo de que uno no decide si pagarlos o no ya demuestra la naturaleza coercitiva de la acción de cobrar impuestos. Una acción puede ser o voluntaria o coercitiva; puede ser llevada a cabo por medios pacíficos o por medios violentos. Un robo, si bien no implica el uso de la fuerza, constituye igualmente una agresión en tanto la acción no cuenta con la aprobación o el consentimiento. Lo mismo con las violaciones, asaltos, asesinatos, estafas, etc. Hasta este punto es imposible revertir la realidad de que los impuestos tengan algo de voluntario. Incluso el esclavo que disfrutase de recoger algodón sabe que si pierde el gusto recibiría latigazos; no porque su oficio actual le agrade más o menos tendría la osadía de decir que “es libre de decidir”.
Si toda acción puede ser voluntaria o coercitiva, se sigue que una acción voluntaria ha de ser mutuamente beneficiosa, mientras que una acción coercitiva beneficia a una de las partes a expensas de la otra. Por ejemplo, en el mercado dos personas intercambian un bien porque consideran que realizando el intercambio salen beneficiadas, caso contrario, ¿para qué efectuar el intercambio? Al final del trato, voluntario, cada una de las partes estará mejor que cuando empezó, es decir, reportará una utilidad. Cuanto mayor sea el provecho que crea percibir de un intercambio, y cuanto mayor sea la cantidad de intercambios que crea le benefician, entonces, mayor será su riqueza. En este sentido, la riqueza no se relaciona directamente con bienes materiales, exclusivamente. Yo puedo pagar para que retiren la basura de mi casa, esto significa que para mí la ausencia de desperdicios me genera más satisfacción que tener bolsas de basura en mi patio. Aunque he perdido un bien físico, he reportado una ganancia. Los mismo pero en sentido inverso se aplica cuando recibimos nuestro salarios, realizamos un truque, o cualquier otra transacción voluntaria en el mercado. El común denominador de todas estas transacciones es que, puesto que parten de un acuerdo mutuo, benefician a ambas partes: son socialmente beneficiosas. Imaginemos ahora que justo antes de cerrar el trato cambiamos de opinión; ahora creemos que el intercambio no nos beneficia y, por tanto, decidimos no cerrar el acuerdo. Supongamos también que la otra persona se mantiene en su posición de continuar con el trato. Puesto que ningún negocio voluntario puede cerrarse sin la aceptación de los términos de ambas partes, es decir que ambas consideren que es mejor realizar que no realizar el negocio, el trato no se cerrará. Incluso en estos casos, donde no se llega a concretar un acuerdo porque una de las partes no lo desea, las personas continúan poseyendo lo que tenían con anterioridad; en estos casos, la utilidad no aumenta, sin embargo, puesto que no hemos pasado a un estado de menor satisfacción, la utilidad se mantiene. Sí, no ha existido una ganancia, pero tampoco pérdidas.
Tomemos por caso las acciones que no son voluntarias, es decir, las que se basan en la coacción. Puesto que, en este tipo de interacciones, una de las personas no brinda su consentimiento, y que la otra expresa su preferencia al actuar en este sentido, se sigue que una de ellas se beneficia a costa de la otra. Así, por ejemplo, el esclavista se aprovecha del trabajo y energías del esclavo; el señor feudal del siervo y, por último, el cobrador de impuestos del pagador de impuestos. Puesto que en las transacciones basadas en la violencia una persona gana a expensas de otra, se sigue que la utilidad de esta última disminuya. En efecto, esta no quiere realizar el intercambio, de ahí que sea necesaria la violencia. Es esta pérdida de utilidad lo que destruye la riqueza de las personas, que tomadas en su conjunto constituyen la “utilidad social” o el “bienestar social”. De nuevo, resaltamos que el concepto de riqueza no está ligado únicamente a bienes materiales. Alguien puede abusar de mi cuerpo sin sustraerme ningún bien material, sencillamente ultrajando mi persona. De igual modo la acción violenta no precisa de sustraer cosas: un vecino odioso puede decidir tirar su basura o dejar que su perro haga sus necesidades en mi patio, todo esto sin mí consentimiento. En estos casos, se realiza una acción que preferiríamos no se realizase, en la medida en que no queremos realizar un intercambio, no queremos tener relaciones con otra persona o no queremos basura o heces de perro en nuestro patio; en efecto, preferiríamos realizar otras acciones con esos recursos, digamos involucrarnos en otro intercambio, no tener relaciones o sembrar flores en nuestro jardín. Toda acción involuntaria imposibilita la realización de una alterna por parte del afectado, o, como mínimo, de la preservación de las condiciones en que se encontraba, de modo que terminamos con un bien que no queremos, en vez de obtener otro bien o permanecer con nuestra propiedad inicial; con nuestro cuerpo ultrajado, en vez de haber tenido relaciones con un tercero o no haberlas tenido de plano; o, por último, con basura en nuestro jardín en vez de con tulipanes o con un jardín sin alteraciones. Todas estas alteraciones a lo que podríamos haber hecho, de nuevo, generar pérdidas de utilidad, es decir, somos menos ricos.
Luego de esta exposición, conviene señalar que los impuestos son recaudados para ser gastados. Parece una obviedad, pero todo lo que se recauda, de una forma u otra, tendrá que gastarse o, como mínimo, almacenarse sustrayéndolo de los bolsillos de los dueños originarios. Por tanto, toda acción del gobierno, y ninguna se escapa a esta ley, ha de generar una pérdida de utilidad en la sociedad, en concreto sobre los pagadores de impuestos. Esto sucede en la medida en que los cobradores de impuestos, los políticos, son los principales beneficiados de éstos, obtienen sus rentas a partir de ellos. Los otros beneficiados son aquellos que derivan una utilidad del servicio prestado por el gobierno y, a su vez, no han contribuido con impuestos o lo han hecho en una proporción tal que continúan siendo consumidores de impuestos, tal y como los políticos. Por último, los perjudicados totales son los que no obtienen beneficio alguno de lo producido por el gobierno y, además tuvieron que financiar aquello con sus impuestos, es decir, con su riqueza. Supongamos que el gobierno quiere construir un puente. El principal beneficiario será, obviamente, el político y los burócratas del Estado; en segundo lugar, como beneficiarios parciales, tenemos a los contratistas y empresas que se adjudican la construcción de dicha obra, y son parciales en la medida en que si bien reciben sus salarios de los impuestos de otras personas, su ingreso total será disminuido en la medida en que también pagan impuestos, a diferencia de los políticos. Los últimos de los beneficiarios parciales serán los que utilizarán el puente, independientemente de la cantidad de impuestos, esto no quiere decir que no hubieran sufrido una pérdida de utilidad, sencillamente la misma se ve matizada en la medida en que encuentran cierto provecho a lo que se les presenta delante, es decir el puente; por otro lado, lo perjudicados absolutos son los que, pagando impuestos, no obtienen ningún beneficio del servicio del gobierno. Si alguien, además de pagar parte del puente no desea usarlo, convendremos en que sale peor parado que quien es forzado a par una parte del puente aunque planea usarlo algunas veces.
De lo anterior se sigue que, separando entre consumidores y pagadores de impuestos, todas y cada una de las acciones del gobierno deberán llevarse a cabo a costa de la utilidad de unos cuantos, esto en beneficio de los beneficiados, absolutos y relativos. Incluso en el caso de los beneficiados relativos nos encontramos con que sufren pérdidas; recordemos que uno no elige cuántos impuestos paga. Un ejemplo aclarará la situación: Si yo quiero comer helado y alguien, robando mi dinero, me comprara una porción menor o mayor, en definitiva distinta, a la que yo me hubiera comprado de contar con mi dinero, reportaría una pérdida de utilidad al no obtener, en la proporción que yo deseaba, lo que yo deseaba. Tanto porque el ladrón habría gastado más dinero del que estaba originariamente dispuesto a gastar en helado, o porque quedaré con ganas de más helado, al final del día reporto perdidas de utilidad, es decir, mi situación ha empeorado. Lo mismo sucede con la financiación de bienes como puentes o la salud: Yo puedo estar dispuesto a costear mi uso de un puente o del servicio sanitario, pero, en la medida en que se me hace gastar una cantidad distinta a la que yo voluntariamente habría gastado, terminaré perdiendo utilidad y, por tanto, riqueza. Luego, toda acción del gobierno desvía los recursos que los individuos, de no ser por su acción coercitiva, hubieran gastado o empleado de las formas que ellos hubieran considerado más eficientes y beneficiosas.
Por cuanto llevamos dicho, nos queda manifiesto que, sin importar el área donde el gobierno actúe, sea en salud, educación, seguridad, o cualesquiera, siempre deberá darle un uso distinto al que los individuos darían a sus rentas. Por tanto, obtenemos un escenario donde todos, excepto claro los que viven de esos impuestos, estará peor en términos de utilidad. La producción de bienes y servicios se ve alterada de este modo por la acción violenta del gobierno que interviene en el mercado. En conclusión, de no haber intervención de parte de los gobernantes, todos estaríamos mejor, en la medida en que cada persona utilizaría la totalidad de sus recursos en los usos que estimase más beneficiosos, obteniendo de este modo la máxima utilidad. Por otro lado, cuanto mayor sea la intervención del gobierno, y por tanto la cantidad de recursos que maneje, no podemos sino concluir que seremos más pobres y miserables.
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