La situación judicial en Bolivia es un hecho alarmante que a lo largo de los años no pudo ser mejorado. Corrupción, burocracia, sobrecarga procesal, falta de recursos económicos para llevar la demanda, desconocimiento de los derechos humanos, son algunos de los principales inconvenientes que tiene un demandante para poder hacer prevalecer sus derechos ante un juzgado.
El derecho a la asistencia familiar no es la excepción dentro de los juicios que se llevan en Bolivia, ni si quiera con una normativa específica promulgada para el efecto, como es el caso de la ley N° 603 de 19 de noviembre de 2014, que regula los derechos de las familias, las relaciones familiares y los derechos, deberes y obligaciones de sus integrantes, sin discriminación ni distinción alguna.
El problema en las demandas de asistencia familiar. Conforme los datos oficiales del último censo llevado en Bolivia el 2012, el Instituto Nacional de Estadística – INE nos indica que 2.137.000 de las mujeres en Bolivia (57.2%) tienen por lo menos un hijo.
Del universo de mujeres descrito anteriormente, 18 de cada 100 mujeres son jefas de hogar, es decir son padre y madre al mismo tiempo y un 82% de las monoparentes están en riesgo
de pobreza y exclusión.
Lamentablemente, no existen datos técnicos u oficiales que especifiquen la cantidad de mujeres monoparentes que hayan iniciado demandas de asistencia familiar a los progenitores o peor aún, no existen cifras en que los hijos que son maltratados por sus padres hayan tenido la posibilidad de iniciar una demanda de asistencia familiar a través de las Instituciones gubernamentales, familiares o tutores.
Pedro Barrientos, en su documento de trabajo “La Asistencia Familiar en Bolivia: Un largo y sinuoso camino” concluye; “Las necesidades insatisfechas, las demandas de asistencia desoídas, la mora judicial, el largo peregrinar por los pasillos de los juzgados, el sufrimiento, la burocracia y la falta de probidad de los funcionarios judiciales implican la consumación de «violencia institucional”.
Todo lo detallado, nos da como resultado una baja demanda de procesos de asistencia familiar que llegan a ser ventilados en los estrados judiciales y éstos a su vez en ocasiones cumplen con el debido proceso, acción que demuestra una debilidad por parte del Órgano Judicial (Poder Judicial), vulnerando los Derechos Humanos de los más necesitados, en este caso y en su mayoría, los hijos de los padres que, por motivos principalmente individuales, no cumplen con sus obligaciones paternas.
Conclusión.
Existe una significativa ausencia por parte del Estado que fomente y ventile las demandas de asistencia familiar, ya que las pocas madres que se atreven a iniciar una demanda de asistencia familiar dejan el proceso debido a la vía crucis que conlleva el obtener el resultado esperado debido a la burocracia judicial (mala organización dentro los juagados, la falta de personal, cambios constantes de pasantes notificaciones, etc); gastos de abogado, dilación del proceso por parte del demandante, desconocimiento de los derechos humanos, constitucionales y familiares. Y un índice más bajo aún logra obtener una asistencia familiar digna y justa.
Sugerencias.
Los necesitados de asistencia familiar requieren el apoyo de la sociedad civil para encontrar los mecanismos que les colaboren a reclamar lo que por derecho les corresponde, es decir, una digna asistencia familiar que colabore en la defensa de sus derechos humanos
vulnerados.
Las acciones que fortalezcan la institucionalidad de la asistencia familiar, mejorarán los compromisos como Estado para poder cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS 17 de la agenda 2030, específicamente en los objetivos de “Fin de la pobreza”, “Salud y bienestar”, “Reducción de las desigualdades” y “Paz, justicia e instituciones sólidas”.
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