Independiente de la posición respecto a lo que llamaremos la cuestión (extra)constitucional, cabe preguntarse si el proceso en curso es viable. La respuesta que anticipo es No. Entre el Apruebo y el Rechazo se han planteado diversos motivos de porqué cambiar la Constitución es relevante.
El día de hoy, me centraré en el problema según el cual, la cuestión constitucional encuentra su raíz en que la protección de los derechos “más fundamentales” para el desarrollo de la vida de las personas quedaban excluidos de la carta fundamental, al menos desde el punto de vista de la acción de protección, cuya ausencia, como todo jurista sabe, resta vida al Código Político.
Para suerte de todos, lo problemático no pasó inadvertido mucho tiempo, no obstante, cargado de imperativos fuertes y de campañas que poco convencían al sector opuesto, la gente de a pie poco ha comprendido en qué consiste el problema extraconstitucional. Incluso asumiendo que el futuro texto constitucional sea superior al actual, la inestabilidad ha llegado y no parece haber motivo alguno para su partida. El problema extraconstitucional dice relación con la forma en la que se planea financiar las demandas sociales hoy infinitas y si su protección asegurará la satisfacción de éstas. De saber si el texto en cuestión puede ser un punto de partida.
¿Es posible costearlo?
En primer lugar hay que preguntarse cómo se financian los programas de cobertura. La forma más común de hacerlo es a través de impuestos. Entonces, ¿será que aumentando los impuestos se obtendrá mayor recaudación impositiva? ¿y por tanto la posibilidad de transferir esos recursos para gasto social? No, porque aumentar los impuestos no se parece en nada a repartir una torta, a que si corto un trozo más grande entonces obtendré una porción mayor. De hecho, en la gran mayoría de casos sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la recaudación impositiva depende casi exclusivamente de la actividad de los privados: que nos incluye a todos nosotros, desde la gran empresa al locatario más pequeño. Actividad que se ha visto incansablemente afectada por la crisis y ahora también por el coronavirus.
Para darnos una idea pensemos en nuestro vecino de al lado: Argentina que, con derechos infinitos y alimentos subsidiados, posee una de las canastas alimentarias básicas más caras de América Latina y que incluso con ajustes salariales constantes un salario mínimo bajo, que además es restado por la constante inflación que desola los bolsillos de los argentinos. Así las cosas, la creciente alza en las expectativas respecto al Chile que viene podría ser frustrada por una economía que se ralentiza, un Estado cada vez más endeudado y con mayores compromisos con la gente.
En consecuencia, es una muy mala idea pretender politizar la justicia mediante acciones que en la realidad no pueden ser satisfechas a falta de recursos públicos o a costa de la deuda externa. Más aún, la evidencia disponible nos dice cómo un aumento sostenido del gasto público y de los impuestos puede llevar a afectar al sector privado de los cuales el gasto depende.
Mientras tanto, los valores y fundamentos que permiten el crecimiento económico, el progreso social y con ello el bienestar están siendo minados: 1) un orden socio-político liberal; 2) un Estado de Derecho fuerte y, finalmente; 3) una economía de libre mercado. Todo bajo la idea del malvado fantasma neoliberal, el abandono y la indolencia. Y es que se ha hecho creer que el problema radica en el libre mercado (salvaje) amparado en la Constitución, cuando en realidad del primero depende el progreso como ha demostrado toda la literatura hasta la fecha.
Sin embargo, los políticos no le han querido decir a la gente qué es una Constitución y qué funciones específicas cumple. En consecuencia, no es recomendable hacerse grandes expectativas, respecto a lo que vendrá. Más aún considerando que todos los logros alcanzados hasta ahora son ignorados y denegados por quienes ven en la libre empresa el problema de los chilenos.
