Nicolás Pierini
Coordinador de Academia de Estudiantes por la Libertad
Hay en todo esto, además de la gravedad de estar imputando informaciones sin chequearlas, delitos aberrantes, por la falta de relectura de datos propios, una falta de picardía en términos de abogacía. El Viejo Vizcacha decía: “Hacete amigo del juez, no les des de qué quejarse”. No es un buen consejo. No son edificantes los consejos del Viejo Vizcacha. Pero el Dr. Carlos Beraldi, que es el abogado de Cristina Kirchner, le tendría que recomendar: “No te hagas amiga del juez. Pero tampoco te hagas enemiga”. Porque ahora, humanamente hablando, el Dr. Giménez Uriburu debe tener una actitud heroica para ser ecuánime e imparcial después de que le cargaran lo peor de la dictadura a él, que juzgó a dictadores y los condenó. A él y a su familia. Entonces, vemos un nivel de manipulación que es directamente proporcional a la desesperación.
Muchas organizaciones de derechos humanos se han alineado políticamente a favor de Cristina Kirchner. Y en contra -muy razonablemente- de una figura penal: la de la asociación ilícita. Es una figura resbaladiza. Se usaba a comienzos del siglo pasado cuando no se le podían encontrar vínculos penales concretos a personas que formaban parte de una banda. En general bandas ideológicas y violentas, en especial del anarquismo. Entonces se formuló esta imagen que es la asociación con un carácter permanente y a lo largo del tiempo de un grupo de gente que tiene afinidad y comete muchos delitos. Ahora, es razonable que se discuta la asociación ilícita y si un Gobierno puede componer una.
Pero se está dejando de lado otro problema, que es que a Cristina Kirchner no solamente se le imputa una asociación ilícita. Se le imputa también administración fraudulenta. La asociación ilícita, es cierto, puede llevar la pena hasta 12 años de prisión. La administración fraudulenta tiene penas más leves, hasta 6 años de prisión. Pero es mucho más fácil de probar. Basta demostrar que el imputado administraba bienes públicos, que los administró mal o fraudulentamente -es decir que le ocasionó un perjuicio objetivo al Estado- y que alguien se benefició, que en este caso no necesariamente es ella. Podría ser sólo Lázaro Báez.
¿Por qué es delicado el delito de administración fraudulenta? Porque entra en el encuadramiento del artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece que para ese tipo de delitos contra el Estado, que implican el enriquecimiento del alguien, no cabe ni el indulto ni la conmutación de pruebas.
Cristina Kirchner está convencida de que en el Gobierno se empezó a hablar de indulto con mala intención. De haber indulto, es culpable. No cabe el indulto para un inocente o para alguien que no fue condenado. Por eso, Oscar Parrilli fue quien salió a emitir un tuit que decía: “Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia”.
Alberto Fernández fue a la televisión, al programa de Marcelo Bonelli y de Edgardo Alfano, A dos voces, y dijo: “No la quiero indultar, no me gusta”. No porque sea inocente, sino porque se trata de una institución monárquica. Hay una posición ambigua del Presidente en todo esto. Es más, en todas estas manifestaciones que estamos viendo no aparece mucha gente de Alberto Fernández. Casi diría que no aparece nadie. Si se pensara en el indulto, la posible condena -si es que ocurre, porque ahora habrá que ver todo lo que dicen los defensores- no sería ni conmutable ni susceptible de recibir un indulto presidencial.
Hay algo más importante también respecto de las imputaciones al doctor Giménez Uriburu que es una especie de mala praxis, de atolondramiento, de falta de seriedad en el procesamiento de la información de una persona que está en una situación delicada. Uno tiene ganas de decir a los que quieren y rodean a Cristina “cuídenla más, no la intoxiquen con errores”. Al propio Verbitsky daría ganas de pedirle que controle un poco la información que le da, porque no está para papelones a estas alturas.
También hubo información resbaladiza en el tema de las imputaciones a las relaciones entre José López y Nicolás Caputo, exsocio e íntimo de Mauricio Macri. Cristina Kirchner usó los mensajes que hay en el celular de José López, que llegaron a la causa por pedido de los fiscales. Aparentemente, hasta donde yo sé, los defensores de Cristina y de los demás acusados no miraron ese material, no controlaron lo que había ahí. Y ahora vamos a ver si el tribunal lo incorpora o no. Hay una discusión sobre la calidad de esa prueba y del momento en que fue introducida en la causa. Pero Cristina hizo propios esos mensajes.
A ella se la juzga por obra pública en Santa Cruz. Esos mensajes no tienen que ver con la obra pública en Santa Cruz. La denuncia sobre Santa Cruz la hace Macri a través de Javier Iguacel, que era funcionario suyo. También es una picardía enfocar en Santa Cruz, porque Macri debe saber muy bien que, si abría el gran angular y buscaba en todo el país, a la larga o a la corta, se iba a encontrar con Franco Macri, que tenía una relación estrechísima con Néstor Kirchner. Con su primo, Ángelo Calcaterra, que se cansó de hacer negocios con el kirchnerismo. Y, como aparece en estos mensajes, con su amigo Nicolás Caputo, que también forma parte de la obra pública y de los negocios regulados por el Estado. Entonces, aun a costa de inocularse más delitos Cristina se pregunta si la plata que recibió López, los nueve millones de dólares -que ella denuncia estrepitosamente como si López no hubiese sido funcionario de ella y de su esposo- es de Caputo y que entró por el Banco Finansur, de Cristóbal López. No sabemos si venían de Caputo, pero si fuera así, no debería de extrañar que el banco fuera de Cristóbal López. Entre Caputo y Cristóbal hubo una relación estructural durante todo el tiempo en que Macri gobernaba la ciudad de Buenos Aires y Cristóbal López era el dueño de los casinos, que sigue teniendo allí.
Salió uno de los dueños del banco, Jorge Sánchez Córdova, a decir que por ahí entró un millón de dólares y nada más. Y que en los bolsos de López sólo había 100.000 dólares de las remesas enviadas desde los Estados Unidos. Nadie sabe de dónde sacó la plata López. Cristina, en defensa de que no fue Cristóbal López el que procesó esa plata, dice que no puede venir de él porque entró en el 2011, y él se hizo cargo del 70% del Finansur en 2012. Pero la pregunta que hay que hacerse es cuándo José López recibió los dólares, no cuándo entraron al banco. Algo que todavía no sabemos. Cuando López tuvo que explicar dijo que era “plata de la política”. Algo absolutamente gaseoso. Quiere decir que hay problemas importantes de argumentación. Hay poca meditación sobre toda la trama de cosas en la que se los está acusando, hay atolondramiento en las justificaciones que a lo mejor termina metiéndola a ella y a sus amigos en más problemas.
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